Cualquier bodega, de las financiadas por algunos miembros del grupo conocido como los “Embilletados”, cuando lean esta nota, atinará a decir que se trata de un refrito o que estoy respirando por la herida, o que tengo envidia de los ilustres integrantes de este equipo o colectivo, y especialmente al señor Omar Francisco Vidal Rojas, actual Secretario del Interior del Departamento del Chocó, a quien para el mes de marzo del año 2024, dolido como estaba con el grupo de abogados liderados por él, por el atraco que vienen cometiendo en contra de los intereses de los pensionados del Departamento del Chocó, denuncié penalmente ante la Fiscalía Seccional; correspondiéndole en reparto a una de las fiscalías de delitos contra la administración pública, habiendo en dicha ocasión expresado para varios medios de comunicación locales, en vivo y en directo al presentar y dejar en manos del ente investigador la noticia criminosa que, si me tocaba llevar un petate y dormir en las instalaciones de la Fiscalía lo haría, pero me dedicaría de tiempo completo a ejercer vigilancia sobre este proceso. Por supuesto que se han ejecutado por parte del CTI del órgano investigador varias órdenes de trabajo, pero el proceso no ha avanzado lo que las víctimas y el denunciante quisiesen. Así que, hace de 4 a 5 días me fui directamente al edificio sede de la fiscalía –no al de la moneda, sinónimo de impunidad, en donde incluso dan cuenta, desaparecen y duermen el sueño de los justos investigaciones y expedientes–.

La verdad, no sabía que mí presencia por los pasillos de la fiscalía causaría cierto cosquilleo en algunos funcionarios medios y hasta en algunos titulares de los importantes despachos que allí tienen asiento, se notaba pues a mi paso, desde el primer piso y al tomar el ascensor hasta el piso de mi destino, el saludo tímido acompañado de cierto cuchicheo allá entre ellos como la constante, hasta que una auxiliar mucho más llena de confianza a un rato de mi espera, se atrevió y dijo: “Bien pueda, siga Dr. el fiscal lo espera”. Me encontré con un fiscal con cierta experiencia y mucho conocimiento sobre el Sistema Penal Acusatorio, porque con su argumentada intervención, casi me convence que el sistema es tan garantista y que son las garantías, la razón y la respuesta por la cual a la mayoría de los investigados no se les profiere medida de aseguramiento intramural en centro carcelario en el Chocó, a tal punto y así se lo expresé en la amena y enriquecedora conversación con cierta desazón, que en el año 2024 no se profirió una sola medida restrictiva de la libertad en las tantas investigaciones por delitos contra la administración pública, que incluso, la opinión chocoana alcanzó a observar directamente las audiencias de imputación en los procesos más emblemáticos, en los que por las actuaciones de los fiscales pareciese imposible que los judicializados se escapasen de una medida de tal magnitud, o que al apelarse los jueces de superior jerarquía, no fuesen capaces de proferirlas. Y sustentaba sus argumentos el acucioso fiscal, que al escucharlo creí estar ante autores como Eugenio Zaffaroni y Alfonso Reyes Echandía, que destacaban que la privación de la libertad, debe ser el último recurso y que el sistema punitivo debe orientarse a la resocialización del individuo y que la Corte Constitucional argumentaba desde la sentencia T-153 de 1998 que, el sistema debe buscar la integración del condenado a la sociedad y evitar en la medida de lo posible el encierro que puede fomentar la desintegración social. Pero para los fines de persecución del delito las palabras de dichos tratadistas y la Corte Constitucional son pura palabrería criminalística, argumentos falsos, porque unos y otros no han solucionado nada en materia penal, desconocen la realidad que nos circunda, que en Colombia indica una impunidad general del 94% y en el Chocó desconocen un 99%, lo que hace inviable el derecho penal en Colombia y en el Chocó, y un fracaso total de todas las políticas y medidas institucionales; porque, como es posible que se ignore que la resocialización en el país es del orden del 1% de los reos condenados y el 99% no se resocializa, estadísticas a la que no podemos integrar datos del Chocó porque, así como no se profirió una sola medida intramural en el 2024, tampoco se condenó una sola persona por delitos contra el patrimonio del estado, y en ese orden de ideas, ninguno de los pícaros que conocemos, se resocializó, porque no les profirieron medidas resocializadoras y tampoco hubo condena a ninguno de los llamados a juicio.

Por supuesto que en nuestras dos horas de diálogo, no hubo oportunidad de violar la reserva del sumario, o ahondar sobre el expediente de Omar Francisco Vidal, más allá de hacerle con respeto la observación que la precitada investigación tenía casi un año de haberse iniciado y sin que este denunciante, las víctimas o la sociedad hayan tenido alguna información sobre su estado, cosa que mortifica, porque en principio, es una burla para todos que, una persona que haya contribuido a estafar a los pensionados del departamento, sea designado en la posición que ostenta, fungiendo en ocasiones como ordenador del gasto, en su condición de gobernador encargado, y que ni las autoridades judiciales o la misma gobernadora, sean capaces de terminar con las acciones punitivas que el flamante Secretario del Interior pueda continuar cometiendo en favor de sus intereses como Apoderado Coordinador de la acción de Grupo contra el Departamento del Chocó, sin renunciar a los poderes, tal y como lo prevé la norma y la jurisprudencia en esta materia, con la complicidad de la señora gobernadora, que si bien es cierto, pudo ser engañada cuando se suscribió el acta de posesión en la que el reo ha manifestado con su firma no tener ningún tipo de inhabilidad o incompatibilidad, lo cierto si es que, a estas alturas del paseo, es muy difícil esconder que la mandataria no se haya enterado de tal impedimento jurídico o de las acciones delictuosas cometidas por los abogados mencionados en tiempos del gobernador Domingo, en los que al margen de todas las disposiciones legales entregaron desde la Gobernación o Secretaría de Hacienda de la época $2.800 Millones al Dr. César Gómez Murillo, y $280 millones por concepto de honorarios girados a la propia Cuenta de Ahorros de Bancolombia del escudero y secretario de despacho de Nubia Carolina, proceso en el que también se han seguido realizando los descuentos con destino al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito y en favor de los abogados o apoderados de los pensionados del departamento.

Me retiré del edificio de la Fiscalía, convencido de que, entre finales del mes de enero y comienzos de febrero, la dependencia que conoce del tema de Pacho Bueno, por el tiempo transcurrido y por lo que se conoce del proceso, habrá recogido el suficiente material de pruebas o elementos probatorios para realizar la respectiva imputación y solicitud de medida de aseguramiento, pues caso contrario, los argumentos esgrimidos en nuestra conversación, no es otra cosa que la justificación del fenómeno de la impunidad que ha venido sucediendo en Quibdó, como una muestra también de una asociación para delinquir entre la Fiscalía y algunos jueces que no tienen ni la experiencia, ni el conocimiento para abordar temas tan complejos como los de Peculado por Apropiación en Concurso con los de Falsedad y Violación al Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades.

PDTA: A la salida del despacho del fiscal, había muchos indígenas letrados con celulares y computadores, no eran ni de Zabaleta -Vía Quibdó/Medellín-, ni de Mondó –Vía Quibdó/Pereira–; por lo tanto, no son de los que paralizan el transporte, pareciese que asistían a alguna diligencia judicial –porque hablaban de Secoop y de Secretaría de Educación– y que fueran del Medio o del Alto Baudó, y eran dos grupos, y el que ya había salido de la diligencia estaba por los pasillos y daban a entender que le habían dicho al fiscal, a quienes les daban y en qué porcentajes cuando les pagaban los anticipos de los contratos de la educación Indígena; ahora que parece que hay más de un indígena comprometido, también lo están los de arriba, entonces, si se le tira medida a unos por “Cholos”, también hay que tirarle a los otros.

Atentamente,

Odín Sánchez Montes de Oca