El secuestro, según mi propia experiencia, el más terrible de los crímenes ¡Liberen ya a Arnold Rincón López!

En la Semana Mayor que pasó, es la primera vez que me bajo del bus del paseo familiar, tampoco viajó el Dr. Patrocinio, ni la Dra. Astrid, estos ocupados, creo que andaban en temas propios de sus actividades -Se acerca la bajada de la bandera para iniciar la carrera por la Cámara de Representantes-. Los o las demás, incluida la colombo/suiza, disfrutaron de un reparador descanso en el Mar Pacífico (Maguipi); oraron como lo hizo la mayoría de las familias colombianas, pidiéndole al altísimo misericordia por los pecadores, incluido el suscrito; y ya finalizando los días santos, dolidas como buenas cristianas por el fallecimiento del Papa Francisco. Mientras tanto, yo revisaba una abundante documentación que me llega en mi condición de columnista y que estoy en la obligación de consultar y leer antes de escribir, entre ellas una carpeta que contenía certificaciones, resoluciones de reconocimientos y pagos de cesantías y sanciones moratorias a personas inexistentes, todo esto sin el lleno de los requisitos de ley, con las que se crearon títulos de recaudo para cobrar sumas millonarias al departamento, sin que se tuviera derecho a dichos pagos en la mayoría de los casos; documentos creados y firmados por gobernadores encargados en unos casos y en otros por presidentes de la Asamblea Departamental (Entre 1999 y 2007). Estos ordenadores del gasto suscribían unos acuerdos de pago directos, que sumados todos llegaron aproximadamente a $ 52.000.000.000, maniobras fraudulentas que le costaron la condena a un titular de un juzgado y a un gobernador encargado, existiendo investigaciones para otros funcionarios, es decir, el rancho ardiendo pese a que por el transcurso del tiempo, prescribieron muchas acciones penales y disciplinarias, salvándose de un viaje a Canadá muchos conocidos.

Pero lo que más me llamó la atención para escribir esta columna, de allí su titular, fue que encontré que algunos de los autores de las certificaciones de reconocimientos y beneficiarios de dichas falsedades son ni más ni menos que David Mosquera Valencia, para la época gobernador encargado -quien acababa de quitarse el Valencia que lo identificaba como hermano de Ramón Cuesta Valencia, expresidente de la Junta Franciscana y para esa época diputado a la Asamblea Departamental-, y “Pacho Bueno” u Omar Francisco Vidal Rojas, el flamante ex Secretario del Interior de la presente administración -para la época del elemento probatorio que tuve a la mano, también diputado a la Asamblea Departamental-. El primero de los mencionados, autor de las resoluciones 598 del 15 de julio de 2002 y la 555 del 26 de noviembre del 2002, las dos por valor de $ 3.230.400.764, con las que se reconoce con la mayor irresponsabilidad, cesantías y sanciones moratorias a varias personas sin que tengan derecho a ellas, porque fueron vinculadas mediante órdenes de prestación de servicios, cometiendo otra irregularidad como las fechas de expedición, pues no tiene lógica que los consecutivos, antes de aumentar con el transcurso de los días disminuyan, por ejemplo, la expedida el 15 de Julio de 2002 es la Número 598 y la expedida en noviembre del mismo año es la 555, es decir, en lugar de aumentar en la numeración, disminuye, lo que muestra una protuberante falsedad y unos deseos inmensos de robarse una plata del estado.

Releyendo y revisando los precitados documentos, me topé con los nombres de muchos angelitos asaltando al erario público, exdiputados y presidentes de la Asamblea Departamental, en unos casos jugando yo con yo, reconociéndose ellos mismos -y en otros casos a sus colegas-, cesantías y sanciones moratorias soportadas en liquidaciones que no llegaban al millón de pesos, y el departamento terminaba en unos casos pagando $ 800.000.000, y en otros hasta $1.300.000.000 por 2 o 3 meses laborados al servicio de la Asamblea (cuando lo hacían), o si no, era el mismo ordenador o presidente de la Asamblea, de acuerdo al amigo, quien terminaba firmando un acuerdo de pago directo, en el que en últimas se veían afectadas las finanzas departamentales, cuando ya el Tribunal Superior de Quibdó había reiterado en varias decisiones que la independencia presupuestal no le permitía a la Gobernación del Chocó, hacerse cargo de las deudas u obligaciones de la Asamblea Departamental. De igual manera, aparece para esas calendas recibiendo pagos sin tener derecho a ellos la hoy Vedette del Cordobismo Omar Francisco Vidal Rojas o “Pacho Bueno”, para la época también diputado a la Asamblea, a quien le reconocieron con resolución 516 del 30 de agosto del 2000, la suma de $1.270.053.000, de los cuales le pagaron parcialmente la suma de $ 623.942.336; y como caso por demás simpático, se descubrió que, con la misma resolución se llevaban dos procesos ejecutivos ante el mismo Juzgado Primero Laboral del Circuito, el No1. Radicado 2006-222 de Efrén Palacios Serna y otros contra el Departamento del Chocó y el No.2. Radicado 2008-435 de Marco Aurelio Mena (Un primo segundo) contra la misma entidad territorial, es decir que, simultáneamente “Pacho Bueno” venía impulsando dos procesos ejecutivos ante el mismo despacho a través de la misma resolución o título de recaudo -como que si los demás fueran bobos-.

Al tiempo que descubrí en los documentos que examinaba en los días santos, los nombres del ex Rector de la UTCH y del ex Secretario del Interior de la actual administración y firme candidato cordobista a la Cámara de Representantes, se me vino a la memoria el proverbio con qué título el artículo, porque mato dos pájaros con una pedrada, ya que al comparar sus actuaciones del pasado con las del presente, nos es fácil colegir que siempre seguirán sorbiendo huevo; y tal vez como lo pidió el Fiscal Delegado en la audiencia pública de solicitud de medida de aseguramiento contra el señor Mosquera Valencia -que esta sea intramural dada su alta peligrosidad-, no siendo fiscal ni funcionario judicial, creería que las mismas medidas debieran tomarse por su propensión al delito contra el conocido de autos como “Pacho Bueno”. Es que son personas que, a través de las conductas relatadas, le estaban raponeando al erario público miles de millones de pesos con la aquiescencia, permisibilidad y complacencia de algunos jueces de la República que conocían los criterios del Tribunal Superior de Quibdó y la Corte Constitucional sobre esta materia y no obraron con justicia como les señala la ley y la Constitución; pero además, en lo que a mí compete, aunque se pongan bravitos, seguiré escribiendo sobre la corrupción y la impunidad.

PDTA: El pasado martes, escuché la brillante intervención del Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito Gilbert Vergara en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento intramural contra el ex “oh Rey David” y otros, a propósito de la falsedades, peculados y demás punibles supuestamente cometidos durante el pasado ejercicio rectoral, impecable y oportuna; quien por demás, hace un llamado a los jueces para que coadyuven a mejorar la imagen de los funcionarios judiciales del Departamento del Chocó, tratados muchos como incompetentes e inservibles, responsables de que haya tanto bandido domiciliado o libres en las calles de Quibdó.

Atentamente,

Odín Sánchez Montes de Oca