A mí se me responsabiliza de las desgracias judiciales de varios personajes de la vida pública chocoana -ellos y sus obsecuentes copartidarios- por la sola razón de haber hecho de la lucha contra la corrupción, uno de los principales componentes de mi proyecto de vida, y pese a que públicamente he manifestado, solo haber denunciado penal y disciplinariamente a Pacho Bueno, se me endilgan las situaciones judiciales por las que atraviesan: Domingo, Nilton, Ariel, David, Yosimar y otros que ya apartaron sus pasajes para viajar a Canadá, lugar en donde paré varios años y en donde hoy se encuentra huido el ex Magistrado José Leónidas Bustos, dilecto miembro del “Cartel de la Toga”; y menos mal que puse en conocimiento de mis lectores y de la opinión pública, el hecho de “No tener ropa para subir a Bogotá” cuando me querían acomodar el muerto del complot contra el paisano y exconsejero, hoy Director de la Agencia Jurídica del Estado, para dañarle la postulación a integrar la terna de la que se escogerá el otro magistrado de la Corte Constitucional; y decía comparativamente que no tenía, o que mis trajes estaban descontinuados, porque esos comentarios venían era de Bogotá, donde quedan las sedes de La Silla Vacía, WRadio y Yorely Ibargüen, Blu Radio, Caracol y RCN, encargados de difundir algunos comportamientos que se le enrostra al importante funcionario. ¿Yo con que chanda? ¡Pobre Odín!

Yo no sé si la opinión pública y los lectores de esta columna recuerdan cuántas veces intervine en radio, a través de los grupos de WhatsApp e inclusive acudiendo al derecho de petición para decirle a la señora gobernadora, que retirara al señor Omar Francisco Vidal Rojas -Pacho Bueno- del cargo de Secretario del Interior, porque en mi criterio, contra él pesaba una abultada incompatibilidad, en cuanto a que, al momento de su nombramiento y posesión, aún ejercía como apoderado de los pensionados del departamento y en tanto que una vez llegó al cargo, había sustituido los poderes y no había renunciado como lo ordena la ley; pero además, después de conocer de esta inhabilidad para ejercer el cargo, lo había promovido varias veces para ejercer las funciones de gobernador por encargo, recuerdo que así lo manifesté para el programa radial de RTV de los periodistas Jairo Rivas Chalá y Pedro Valdez, quienes posteriormente entrevistaron a la mandataria y esta, en tono irreverente, manifestó -como importándole un comino- que ella solo desvincularía a su Secretario del Interior, cuando una autoridad judicial se lo ordenara; y no pude persuadir a la señora Gobernadora, por más que insistía en la incompatibilidad alegada, antes por el contrario, aumentaba su terquedad y soberbia como muchacha malcriada; hasta que cualquier día acudí en persona a la Fiscalía Seccional del Chocó a denunciar penalmente a Pacho Bueno -como se conoce en autos al señor Vidal Rojas-, a los abogados César Gómez, Juan Fernando Valdez Tipton y Allin Cuesta, por estarles embolatando los emolumentos adeudados a los pensionados, de ahí la compulsa de copias contra Jhoanny Carlos Alberto Palacios como ordenador del gasto y a Nubia Carolina por haber nombrado como Gobernador encargado al Dr. Vidal pese a existir tal incompatibilidad, correspondiéndole en reparto la indagación al Fiscal Sexto de Delitos Contra La Administración Pública Edgardo Arriaga, que lo único que hizo hasta el momento -como era su deber funcional-, fue compulsar copias por ante la Fiscalía, ante la Corte Suprema para que se investigara al exgobernador -hoy Representante a la Cámara- y a la actual gobernadora por ser aforados.

El reparto de este traslado por competencia le correspondió a la Fiscalía Quinta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien al avocar el conocimiento de la indagación, inicialmente, el 30 de noviembre del 2024, ordenó el archivo de la misma, porque del estudio de los elementos materiales probatorios y evidencias físicas frente al reproche impetrado ante la Fiscalía Sexta Seccional Chocó, se estableció que la conducta endilgada a la gobernadora era objetivamente atípica, refiriéndose al decreto No. 002 de enero del 2024 de nombramiento como Secretario del Interior de Pacho Vidal, porque dicho decreto cumplía con los requisitos constitucionales y legales, y porque estaba dentro de las facultades discrecionales de la señora gobernadora; pero como lo he reiterado en todas mis intervenciones o escritos, siempre y cuando existan recursos frente a las decisiones que se hayan tomado ante una queja, querella o denuncia que yo haya presentado, y siempre y cuando no esté conforme con tal decisión, acudiré a ellos con el objetivo de que se reponga tal decisión y se disponga conforme derecho, lo que me llevó a solicitar el desarchivo de la indagación a la Fiscalía Quinta ante la Corte para que se continuara el proceso contra la señora gobernadora con fundamento en el inciso 2o. del Artículo 79 de la ley 906 de 2004 que en su contenido reza: “…si surgieren nuevos elementos probatorios, la indagación se reanudará mientras no se haya extinguido la acción penal”, y como quiera que los hechos son relativamente recientes y se presentaron copias de los decretos de los encargos como gobernador, expedido por la señora gobernadora, la fiscal Quinta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia decidió ordenar el desarchivo del proceso y continuar con la investigación contra la mandataria, porque consideró que los encargos se dieron pese a que esta conocía que su Secretario del Interior, era apoderado de los pensionados en un litigio contra el departamento; y ni modo de contratar los servicios de Humberto Porto Sierra -el conjuez y último abogado en la Doble Militancia-, porque este es el ponente de la jurisprudencia que ordena que, para que un abogado-Apoderado se desvincule de un proceso debe mediar la renuncia, y no basta con la sustitución del poder porque esta mantiene la incompatibilidad, como ocurrió en el caso que se examina.

Ahora se pondrá bravita la señora gobernadora y sus conmilitones o comisión de aplausos -tal y como lo hizo cuando se escribió sobre “Ganar indulgencias con camándulas ajenas”- porque ahora una fiscal ante la Corte Suprema, ha ordenado el desarchivo de unas sumarias, para que se continúe con la indagación contra ella por haber nombrado como encargado de las funciones de la Gobernación en varias ocasiones al señor Omar Francisco Vidal Rojas, pesando contra este una contundente incompatibilidad, pese a conocer de ellas; reacciones estas que son producto de su carácter soberbio y de la terquedad con la que suele manejar los asuntos públicos, que si fueren los de ella, no tendría por qué hacer estos comentarios, porque sería como inmiscuirme en su fuero íntimo, que le pertenece a ella y solo a ella, por manera que, para los asuntos públicos que tocan a la sociedad en general, la terquedad y soberbia se nos antojan malas consejeras, tanto que, vean donde va el asunto, y después que no digan como los otros, que es que uno se las tiene velada.

Anexo para estudiosos y seguidores de la columna, Auto de 7 de abril de 2025 de La Fiscalía Quinta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Orden desarchivo proceso

Atentamente,

Odín Sánchez Montes de Oca