Por: Odín Sánchez Montes de Oca
En los pasados comicios electorales, escuchamos muchas veces, en distintas bocas y por distintos medios, la frase o slogan: “Si Antioquia resiste, Colombia se salva”; era una frase de miembros y militantes de la derecha pidiendo a los antioqueños salir a votar por Abelardo, ante el crecimiento de la izquierda, no solamente en la región paisa, sino en el país; esto para detener la continuidad del petrismo en el poder, que tanto mal le ha hecho y tan mal se ha portado con los antioqueños en el cuatrienio que termina; negándole la inversión en las grandes y necesarias obras, lo que llevó a una obligada alianza entre alcaldía, gobernación y empresariado antioqueño para sacar adelante obras como el Túnel del Toyo y la vía al Urabá, para llegar en menos tiempo a Puerto Antioquia, para hacer más competitivo el comercio de Antioquia y el centro del país. Pero el slogan que puso en práctica el pueblo antioqueño y colombiano el pasado 21 de junio -reconocido por el propio presidente electo en su reciente visita a ese territorio- y que motivó el respaldo contundente con más de un millón (1.000.000) de votos a las aspiraciones presidenciales de Abelardo de la Espriella, nada tiene que ver con el titular de este escrito, pero sí una manera de parodiar o invitar en su comportamiento a jueces y fiscales en nuestra jurisdicción, porque si actuaran cumpliendo con la constitución y en la aplicación de la ley penal, el Chocó se salvaría, porque con el poder que tienen, escarmentarían a los pillos de ahora y a los de las nuevas generaciones, lo que me recuerda las amenazas de los padres en épocas pasadas cuando existían los fogones de leña: “Me volvés a sacar mis cosas (robar) y te quemo las manos en el fogón”.
Yo no soy -como lo dicen mis detractores-, enemigo de nuestros magistrados, jueces o fiscales, algo que ha hecho carrera porque en algunos de mis artículos para esta columna he expresado mi inconformidad o disenso con decisiones de estos funcionarios públicos en las que no han hecho otra cosa que conculcar nuestro ordenamiento jurídico, para beneficio de particulares, que a vista de la sociedad está, que no han hecho otra cosa que enriquecerse a costa del erario, recursos que deberían ser utilizados para la satisfacción de las necesidades de la gente, y que en ocasiones responsabilizo de la rampante impunidad, de la falta de transparencia en el desempeño de sus funciones, desaplicando principios como el de la celeridad, engavetamiento de procesos y desapareciendo investigaciones de los mismos despachos judiciales, dejando mucho que decir de los que así actúan, porque con sus comportamientos empañan y de qué manera, el buen nombre de la administración de justicia y su aplicación en nombre de Dios y de la República de Colombia.
No obstante, todo lo que he afirmado sobre algunas personas y el “Palacio de la Moneda”, contemporizo con la premisa de que, toda regla tiene su excepción, y en materia de justicia en el Chocó, es como en el caso de las brujas: “De que las hay, las hay”; y en cumplimiento de ello, en el pasado he ponderado o resaltado -como somos tan negados para hacerlo- el conocimiento y probidad de jueces y/o fiscales. “No son toros, sino argunos”, para poner un ejemplo, el hijo de Próspero, como le diría mi viejo -quien se retiró a mejor vivir-, y no como el otro, de quien dije en pasada edición, que presuntamente está esperando algo en un proceso que está en su despacho para poderse pensionar (que descaro), proceso priorizado por la misma fiscalía, conocido en los mentideros sociales y políticos como el caso del Arroz Baudó. En fin, es que en la carrera judicial hay de todo: Cobardes o cafres, calandracos y rateros, como aquel juez administrativo, juez del tumbe de los pensionados del departamento y patrocinador de la quiebra de la UTCH, por ser cómplice de cuánto lío jurídico ha tenido en los últimos años el Alma Mater.
Pero otro de los casos que hay que rescatar y que hace parte de la excepción a la regla, es el de la hija de Pedrito -reconocido conductor de escalera-, con quien eché harta carreta en el Playón junto a Don Gildardo Zora, Lucho Uribe y Licho Palacios; ponderada, equilibrada y justa en sus providencias la jurista Dunnia Zapata -no he descubierto el agua tibia- cualidades de las que ya estaba notificado por un par de amigos, el uno muy cercano a la rama, como que hasta de conjuez en uno de los tribunales ha fungido, diría que cultor de nuestra música y folklor, buen escritor y un deleite en la conversación; y la otra, una amiga de mi infancia en la Quinta, que se mudó a la Cabecera, como le decíamos a ese lugar de la Choquib hasta antes del incendio del 66, muy cercano a la Plaza de Mercado, en donde las brisas del Atrato le llevan a su balcón constantemente el olor a mancha y al Chere; de las pocas de mi generación con las que se puede rajar del Quibdó que en otras época fue mejor, en el que no se robaba como hoy, y en el que el ascenso en la escala social no era por y para el que más cometiera peculado, sino por el conocimiento y las buenas costumbres. Y no escribo esto por lamber, porque creo que ya no es magistrada, y no hay ni ha existido trato con ella, sino por reconocer cosa para la que los chocoanos somos negados, y resaltar que en estos días conocí el auto interlocutorio No.320 de 22 de junio del año en curso, proferido por ella dentro de la demanda presentada por Darío Palomeque Ortiz contra el Acuerdo Municipal 019 del 22 de diciembre del 2025, por medio del cual se autoriza al alcalde de Quibdó, unas operaciones de crédito por valor de $ 70.000 millones, endeudamiento que fue suspendido como medida provisional hasta cuando se falle de fondo la precitada acción administrativa. Actuar como lo hizo la magistrada Dunnia es de valientes, porque en el Chocó, cuando se procede en defensa de los intereses del pueblo, aparecen los corifeos del bandido metiendo miedo, además, porque los que iban en la supuesta vuelta, creyendo que la habían coronado con la aprobación del acuerdo por el honorable Concejo Municipal, deben estar votando chispas, porque con esa mano de contratos que se venían con los 70, algo les tocaba.
PDTA: Circula un video sobre la curul en disputa, en el que queda claro hasta donde hemos llegado en la tierra de Diego Luis, Ramón Lozano, Adán Arriaga, Manuel Mosquera y otros, en el que se apela a las amenazas, atentados y homicidios para alcanzar el poder, y en el que alcaldes disponen de los recursos de sus municipios para sobornar magistrados, y lo triste es que muchos aplauden estas vergonzosas actuaciones; pero Dios es grande y él en su sabiduría proveerá.